¿Para qué fue que elegimos a la Asamblea?

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Todos coincidíamos en el diagnóstico: las instituciones y los poderes del Estado estaban enfermos. Llegó un Doctor, en Economía, y nos dijo, con poca originalidad la verdad, que lo que hacía falta era una nueva Constitución que nos permitiría acabar con los abusos de la partidocracia. En eso, en que el Estado abusaba de nosotros, estábamos de acuerdo. Nos propuso una receta y, casi sin saber muy bien si resultaría o no, pero con esa buena fe con la que nos hemos acostumbrado a votar por el candidato antisistema, le cedimos nuestro voto al, hasta entonces, bienintencionado Doctor.

Con el tiempo, nos hemos ido enterando que, a pesar de que votamos clarísimamente para reducir el poder de la partidocracia, y evitar que el Estado volviese a abusar de los ciudadanos, que queríamos que se hiciera una reforma de las instituciones que las volviera más ligeras, transparentes y cercanas al individuo, la receta del Doctor proponía exactamente lo contrario: cambiar la partidocracia por la tiranía del partido único, aumentar el tamaño del Estado Centralista, instaurar más impuestos con la excusa de impulsar la "cultura tributaria", reducir las libertades individuales, implantar el paternalismo, fomentar el revanchismo, promover la lucha de clases, dividir en vez de aunar, usar la coerción, abrazar medidas económicas fracasadas, acumular el poder político y reducir la posibilidad de controlar al Gobierno.

En poco tiempo, nos fuimos dando cuenta que, todas las medidas respondían a un patrón que nos resultaba familiar, pues lo habíamos visto aplicado en Venezuela: Un modelo cuyo mayor logro es una década de intenso retroceso que asombra al mundo: Nadie logra entender cómo pudo suceder tamaño descalabro con un nivel de ingresos que son envidia hasta de las naciones más desarrolladas. ¿Era eso para lo que votamos? ¿Imitar el modelo de Venezuela?

Lo único que queríamos era un Estado con instituciones diferentes: más control de la gestión pública desde la ciudadanía independiente, descentralización, reducción de la intromisión del Estado en las actividades y decisiones de cada individuo, y un marco legal lo más aséptico posible, que permitiese una convivencia pacífica con el apoyo y el esfuerzo de todos. Lo que queríamos, y anhelamos todavía, es una legislación que impida, o dificulte en lo posible, que el Estado (a través de los políticos) abuse del ciudadano.

En cambio, la receta que propone el Dr. Correa nos comenzó a resultar sospechosa: Pregúntenle a cualquier ciudadano Ecuatoriano si desea que el Estado decida dónde, cuándo y en qué debe trabajar, si desea cederle todas sus propiedades al Estado para que una serie de “angelicales burócratas” decidan si cumplen o no una “función social”, si permitirían que lo poco que poseen sea repartido con el vecino vago que no trabaja y se la pasa de chupa en chupa.

Nos encontramos, atónitos, que el Dr. Jeckil se había convertido en Mr. Hyde. Un Presidente que cuando un Empresario Ecuatoriano declaraba, muy a su pesar, que tendría que trasladar sus operaciones a Perú, en lugar de preguntarse qué puede darle Perú a un Empresario que no le puede dar su propio país, le declaraba antipatriota y le invitaba a irse “caminando por la sombrita”. Esa reacción era equivalente a declarar traidores a todos los emigrantes, por haber decidido, con todo el dolor de su alma, abandonar su patria en busca de mejores días. No parecía darse cuenta que aquí no sobra nadie y todos hacemos falta.

Tampoco parecieron darse cuenta que, para que las leyes sean respetadas, deben ser respetables. Si no lo son, poco importa que existan. Así como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón, la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos o de clases. Si se utiliza la ley para aplicar doctrinas de alto contenido ideológico y revanchismo excluyente, nunca tendrá éxito como ley. El derecho colectivo, tiene su principio, su razón de ser, su legitimidad, en el derecho Individual; si se irrespeta dicho principio, no existe legitimidad que sostenga a ningún cuerpo jurídico, por mucho que se disfrace de decisión democrática.

El único argumento que queda ahora para votar SI a la Constitución, es el miedo a la ANARQUIA. El Presidente nos ha puesto en la perversa disyuntiva de elegir entre un NUEVO marco legal que nos lleva irremediablemente al abismo, o el regreso a la tiranía de la Partidocracia. NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR. Ese no es el panorama. Si no se aprueba esa Constitución, no significa que no deseemos el cambio, SOLO SIGNIFICA QUE NO DESEAMOS EL CAMBIO ABSURDO, ABUSIVO, DISCRIMINATORIO Y EMPOBRECEDOR, QUE NOS PROPONE EL PRESIDENTE. Significa que queremos que se PONGA A TRABAJAR. Que Gobernar NO ES ORDENAR sino recibir ORDENES. Que busque marcos de convivencia donde quepamos todos. Que mire hacia el progreso y deje atrás modelos trasnochados basados en el resentimiento social. En definitiva, que sea un líder para todos, no para la mayoría. Además, resultaría absurdo intentar gobernar con una Constitución que se apruebe con la mitad más uno de los votos. Significaría que la mitad, menos uno, del país no la desea.

La infantil actitud del Presidente, con su extraña idea de que, si no es con sus reglas, con su árbitro, su pelota, y en su casa, él no juega el partido, sólo provocan tristeza. A todos nos queda la sensación de estar perdiendo una oportunidad histórica que difícilmente volverá a repetirse. Pero no nos preocupemos: si él no desea guiarnos en la lucha contra la pobreza, encontraremos la fórmula para hacerlo sin que él encabece esa gesta. Le pediremos que se haga a un lado, seguiremos contando con su apoyo, sus argumentos para rebatirlos o asumirlos cuando de verdad merezcan la pena, y saldremos adelante.

¡¡Animo Ecuador!!, ¡SI SE PUEDE!