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jueves, 20 de noviembre de 2008

VAMOS CON TODO: DEUDA EXTERNA ECUATORIANA


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Pude seguir, gracias a la web de Ecuador TV, (por cierto, felicitaciones al ente público por el streaming (no todo van a ser críticas)), la presentación del informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). El informe completo se puede descargar en este link y en la web de la CAIC hay material adicional (algunos videos) para consultar.


Tal y cómo me lo temía, se trata de un informe de fuerte carga ideológica y enormes tintes de subjetividad. No voy a desvirtuar el trabajo de la Comisión, pero creo que hubiera sido más conveniente para el País que la misma se hubiera realizado al márgen del Gobierno (ésta estaba presidida por el multifacético Ricardo Patiño).

Tampoco ayuda que el propósito de la Comisión, en su numeral 5 sea:

“Presentar evidencias objetivas y documentadas que permitan al Presidente de la República y demás autoridades nacionales demandar la eventual nulidad de obligaciones derivadas de deudas declaradas ilegítimas y/o ilegales, así como otras acciones que correspondan”

porque se está partiendo de una base prejuiciosa que implica una conclusión previa. También resulta sospechoso que un gobierno como el del Dr. Rodrigo Borja, en cuyo periodo se incrementó la deuda en $3,000 millones, inflaciones anuales del 75% y devaluaciones contínuas de la moneda, salga libre de polvo y paja de la Auditoría (por cierto, no estaría mal auditar las famosas devaluaciones donde se empobrecía al pueblo mientras personas con información privilegiada hacían auténticas fortunas de la noche a la mañana, pero este no es el asunto que nos ocupa).


El documento contiene 172 páginas y confieso que no lo he leído en su totalidad. He leído la parte correspondiente a la “Deuda Comercial” y a la “Deuda Bilateral”.

La parte referente a la primera es muy preocupante y respaldo plenamente al Presidente en las Acciones Legales que quiera realizar, incluyendo la negativa a cancelar los pagos que correspondan, pero considero que está muy mal sustentada y que la defensa de los argumentos es muy floja.

Lo primero que hay que iniciar son las acciones legales correspondientes contra los funcionarios ecuatorianos responsables para iniciar juicios que permitan esclarecer las diferentes circunstancias en que se produjeron los endeudamientos. Este paso es indispensable previo a cualquier negativa de pago.

Desgraciadamente, la sustentación del informe para iniciar acciones en contra de los prestamistas es muy floja. Se habla de exigencias de los organismos, y de actuaciones en contra del derecho, pero, ese mismo argumento lo podrían usar los acreedores para irse en contra de Ecuador alegando que fueron ellos los estafados por el País cuando los representantes de Ecuador firmaron los compromisos sabiendo que eran ilegales , recibiendo el dinero sabiendo que llegaría el día en que se impugnarían los convenios.

En cualquier caso, creo que merece la pena pelear esta deuda, sobre todo si tenemos en cuenta que, de acuerdo al informe, ya se ha cancelado el monto del capital recibido y en todo caso lo que se estaría peleando serían los intereses que se recapitalizaron en negociaciones posteriores.

Con respecto a la Deuda Bilateral (adquirida de gobierno a gobierno con diferentes países), creo que los argumentos de la Auditoría son muy cuestionables. La lista de Indicios de Ilegitimidad e Ilegalidad en estos contratos bilaterales es demagógica y poco técnica:

Indicios de ilegitimidad e ilegalidad

Los créditos beneficiaron a empresas de países acreedores y no favorecieron al desarrollo del Ecuador.

En las operaciones con el Club de París existen capitalizaciones de intereses (anatocismo).

Interferencia en la libertad de definición de políticas de parte del gobierno ecuatoriano cuando se condicionó el desembolso de los préstamos a formas de administración de actividades.

En los contratos existen cláusulas que permiten la venta del instrumento de parte del acreedor a otros inversionistas.

Vinculación de los préstamos a compras de productos originarios de países seleccionados por los acreedores.

Vinculación de los préstamos a contratación de empresas o consultores de países seleccionados por los prestamistas.

El hecho de que los gobiernos que entregaban los créditos exigieran que las obras se realizasen por Empresas de esos países no quiere decir que no haya beneficio o no se favorezca el desarrollo del Ecuador: la obra queda en el país y en el proceso se genera mucho movimiento económico, directo e indirecto, colateral a la ejecución de la obra. La vinculación de esos préstamos a productos y servicios contratados con Empresas de esos países no es una cláusula ilegítima, ni ilegal, ni siquiera cuestionable éticamente.

La venta de los instrumentos (venta de cartera) tampoco supone ilegitimidad alguna, si estaban dentro de las cláusulas (otra cosa sería lo que sucedió con la OXY que vendió su participación, sin previa autorización del Estado Ecuatoriano, cuando existía una cláusula contractual que prohibía esa actuación).

Lo de la Interferencia en la libertad de definición de políticas, por condicionar el desembolso a que se administrasen los fondos de cierta manera, es incluso risible. Es como si yo me negase a pagar un préstamo porque coartaron mi libertad por hacerme firmar letras cuando yo lo que quería era entregar cheques a los vencimientos.
Lo único judiciable sería el supuesto anatocismo.

Se requeriría un análisis más exahustivo del informe pero quiero expresar que, en este caso:

APOYO las medidas legales que el GOBIERNO del Economista CORREA estime oportuno emprender en contra de los Ecuatorianos que de una manera antipatriótica, hayan perjudicado de mala fe y en acto doloso al país, así como las acciones que se emprendan para evitar el pago de aquellos tramos de deuda que se demuestren ILEGALES.

Sería interesante un resumen sencillo que indique cual ha sido el monto recibido y cuanto se ha cancelado para, de una forma matemática y sin carga ideológica, sincerar las cifras.

Por supuesto, todo esto debe ir acompañado de un análisis despolitizado de los usos dados a los montos recibidos. Pero eso será motivo de nuevos comentarios.

Cómo dice mi admirado Fernando Itúrburu: “La Pelea es Peleando”.

P.S. Ojalá no dañen este asunto cancelando ciertos tramos de deuda donde existan intereses venezolanos.

lunes, 17 de noviembre de 2008

TORPEZAS CON LA DEUDA... ¿O NO?


Metida en el cuello de Obama me recuerda a Humberto Mata.
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Imaginemos el siguiente escenario:

Los accionistas de una compañía contratan a un gerente, a quien le otorgan plenos poderes, para que la maneje. El Gerente contrata a un numeroso grupo de colaboradores para tareas administrativas, y, con pleno conocimiento de los accionistas, negocia con un banco, un crédito, para la Empresa. Los intereses son altos, pero con ese crédito, se espera que la Empresa realice inversiones necesarias para modernizarse. Más de la mitad del crédito se utiliza para pagar al personal contratado, y, con la otra mitad, El Gerente compra unas maquinarias aparentemente buenas, bonitas y baratas.

Termina el contrato del Gerente y los accionistas ponen a uno nuevo en el cargo. El nuevo aumenta el personal administrativo, con la excusa de que los necesita para auditar la gestión anterior. Los auditores descubren que las máquinas adquiridas son Chimbas y se dañan continuamente. Además, hay serios indicios de que el antiguo Gerente se ha metido al bolso una cantidad importante de dinero.

Llega el plazo de pago de las cuotas del crédito y el nuevo gerente dice que “No va a pagar porque la deuda, a todas luces, es ilegítima.” ¿Qué creen que haría el banco? ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, los depositantes de ese banco, cuyos ahorros fueron utilizados para prestárselos a esta Empresa, y que, si dicha empresa no paga, perderán su capital? ¿Qué pensarán los otros bancos si alguna vez, cualquier otro gerente de esa Empresa viene a solicitarles un crédito?

Lo lógico sería que, en caso de descubrirse alguna anormalidad, ilegalidad o falta de legitimidad en la adquisición de la deuda, los accionistas tomasen acciones legales en contra del causante del perjuicio: el antiguo gerente; pero nunca dejar de pagar la deuda. Supongamos que, además, en las investigaciones se averigua que un funcionario del banco, también se llevó algún dinero en la operación a cambio de acelerar el proceso de entrega del crédito. Incluso en ese caso, no se debe dejar de pagar la deuda.

Por añadirle picante al asunto: imaginemos que se descubre que el nuevo Gerente tiene una relación de amistad con unos vendedores de seguros que están negociando unas pólizas con los depositantes del banco, muy costosas, para que, en caso de que la Empresa no pague, estos depositantes estén protegidos y al menos no pierdan el valor del capital prestado. Supongamos que, también, es ñaño del alma de un financiero venezolano que se dedica a comprarle cartera a los bancos, con un descuento considerable. ¿Creen que el juez internacional que tome a cargo la segura demanda del banco en contra de la Empresa, no tendrá en cuenta estos datos a la hora de decidir su sentencia?

Pongamos otro ejemplo sencillo: Ud. se quiere comprar un vehículo. Saca un crédito en su banco por $20,000 y con ese dinero se va al concesionario y adquiere el auto. A los 3 ó 4 meses descubre una falla, aparentemente de fábrica, en el carro. Cuando le llega la letra correspondiente al pago de ese mes, le dice al banco que no va a pagarla hasta que le llegue el informe del mecánico, que resulta ser el cuñado del afectado, a ver si la falla es de fábrica, cómo parece, o de mal manejo, como alega el concesionario. ¿Qué creen que hará el banco?

El manejo de la situación del default técnico en que ha incurrido el Gobierno Ecuatoriano refleja una torpeza preocupante. Evaluemos los posibles resultados:

1.- EL INFORME DE AUDITORÍA DECLARA QUE HAY IRREGULARIDADES Y QUE LA DEUDA ES ILEGÍTIMA: EL GOBIERNO DECIDE NO PAGAR. La situación sería gravísima por varios motivos:

el primero, porque la comisión auditora no es imparcial, sino que forma parte del Gobierno, con lo cual, su informe será, invariablemente, cuestionado.

El Segundo: declarar ilegítima la deuda no significa, necesariamente, que sea ilegal. En cualquier caso, el informe es sólo eso, un informe, no una sentencia que permita eximir al Ecuador de su obligación de pago adquirida. Es muy probable, además, que dicho informe esté repleto de mucha carga ideológica y moralina, pero sospecho que, técnicamente, será complicado demostrar que los acreedores hayan incumplido su parte del contrato. Consecuencia: Demanda internacional, posible congelamiento de intereses ecuatorianos en el exterior, dificultades de financiamiento externo público o privado.

2.- EL INFORME DE AUDITORÍA DECLARA QUE NO HAY IRREGULARIDADES Y EL GOBIERNO PAGA. Se produce un perjuicio para el Estado en el valor de los intereses generados con la moratoria. Con el antecedente de los pativideos, se generarían graves sospechas sobre la seriedad y los intereses creados por parte del Gobierno, generando desconfianza en el exterior a la hora de calificar al Ecuador como sujeto de crédito.

En ambos casos, el manejo del asunto ha sido sospechosamente torpe. Lo más apropiado hubiera sido, pagar el vencimiento y, una vez que se tenga el resultado de la auditoría, denunciar a los culpables e iniciar las acciones legales correspondientes.

En estos delicados momentos de crisis mundial, dónde no sería descabellado pensar que el Gobierno necesitara acudir a los mercados financieros para cuadrar el presupuesto, la gestión de este pago sólo puede tener dos explicaciones posibles: o se ha pecado de estúpidos, o existen intereses ocultos en la operación. Hay una tercera posibilidad: que este paso se haya dado basando la decisión en encuestas de popularidad que hayan demostrado que una medida populista del estilo de “No pagaremos la deuda a los Malvados Acreedores que ahogan al Pueblo” pueda atraer una importante cantidad de votos; pero, bien analizado, se concluye que esta tercera posibilidad, en realidad, no es más que una variante perversa del pecado de estupidez.

P.S. Se me ocurre que hay indicios de ilegitimidad e ilegalidad del uso de nuestros impuestos durante innumerables gobiernos hasta hoy. No me hace falta, siquiera, pedir informes, pues el desastroso manejo resulta evidente. Supongo que, para mantener coherencia en su actuar, al inquilino de Carondelet no le importará que, a partir de hoy, deje de cancelar mis obligaciones tributarias y, alegando el uso ilegítimo de mis impuestos, me declare en insumisión fiscal ¿verdad?

Quizás sea un buen momento para revisar los entrañables videos del recuerdo...



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